Libertad de decisión.

El parlamento andaluz ha aprobado la primera ley de muerte digna en España de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de muerte, que permite al paciente rechazar un tratamiento que prolongue su vida de manera artificial. Es la primera ley que ordena los derechos de los pacientes terminales y las obligaciones de los profesionales sanitarios que les atienden.

Se pretende asegurar la autonomía del paciente y el respeto a su voluntad en el momento de la muerte. Reconoce el derecho de los ciudadanos andaluces a declarar su voluntad vital anticipada. También reconoce el derecho del paciente a recibir, o no, si así lo desea, información clínica veraz sobre su diagnóstico, con el fín de ayudarle en la toma de decisiones. También se regula el derecho del paciente a recibir tratamiento para el dolor, incluyendo la sedación paliativa y cuidados paliativos integrales en su domicilio, siempre que no estén contraindicados. La persona afectada podrá, igualmente, rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención, aunque ello pueda poner en peligro su vida.

Esta ley, ordena los derechos de los pacientes terminales y da cobertura jurídica a los profesionales sanitarios que lo atienden, dejando claras sus obligaciones, como la de retirar o no instaurar medidas de soporte vital que sólo contribuirían a prolongar en el tiempo una situación clínica carente de expectativas razonables de mejoría. Se deben respetar los valores, creencias y preferencias del paciente, y abstenerse los profesionales sanitarios de imponer criterios de adecuación basados en sus propias creencias y convicciones personales, morales, religiosas o filosóficas.

La aprobación de esta ley en Andalucía, no quiere decir que hasta ahora, en España nadie muere dignamente. La sedación paliativa es una práctica prevista y habitual que los profesionales sanitarios expertos utilizan y tiene por objeto aliviar el dolor refractario a cualquier tratamiento, por eso se prescriben los fármacos adecuados a la respuesta del paciente. La mejoría de la atención al paciente terminal dependerá sobre todo de la existencia de profesionales sanitarios bien formados en cuidados paliativos, algo que no se consigue de golpe porque la ley lo diga.