Algo no funciona.

Cada vez con mayor frecuencia, aparecen en las etiquetas de los alimentos mensajes como: 'Cuida tu corazón', 'Reduce tu colesterol', 'Mejora tus defensas', 'Fortalece tus huesos', 'Mejora tu flora bacteriana', 'Te ayuda a adelgazar', 'Evita la hipertensión', 'Mejora tu rendimiento', 'Regula tu ritmo intestinal'... Son productos que se conocen con el término de "alimentos funcionales", alimentos y bebidas que aportan un beneficio, además de sabor, olor o valor nutricional. Contienen uno o más ingredientes que inciden sobre una o más funciones del organismo y han convertido las estanterías de los supermercados en auténticas farmacias.

En España existen más de 200 alimentos funcionales a la venta y se calcula que este tipo de productos supone alrededor de un tercio del mercado español. La aceptación de estos nuevos alimentos, más caros que sus parientes pobres, por parte de los consumidores cada vez más preocupados por la salud, no ha sido obviada por la industria que se esfuerza por lanzar cada vez más productos que ayuden a prevenir y/o paliar varios tipos de enfermedades.

Sin embargo, según la Autoridad Europea por la Seguridad Alimentaria (EFSA), organismo responsable de que los ciudadanos de la Unión Europea podamos confiar en los alimentos que nos llevamos a la boca, tras el análisis de más de 400 productos ha emitido un informe con unos resultados en los que el 80% de tales aseveraciones beneficiosas para la salud carecen de todo tipo de fundamento científico.

Estos resultados han abierto un interesante debate en torno a la naturaleza y los límites de la investigación alimentararia ya que al parecer, la evidencia científica aportada por las empresas alimentarias en favor de sus productos es extremadamente pobre. EFSA no es más que un organismo asesor y carece de toda capacidad para, por ejemplo, prohibir que la información sobre los efectos saludables de los alimentos funcionales desaparezcan de las etiquetas o de los anuncios publicitarios. La papeleta de regular este asunto queda en manos del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, que podrían ignorar los informes que ellos mismos encargaron, o enfurecer a la poderosa industria agroalimentaria europea prohibiendo esta clase de publicidad.

Como siempre, la víctima de todo este asunto es el consumidor, ya que es manipulado y puede llegar a sentirse algo desprotegido e inducido a error, ante la avalancha de este tipo de productos.