La colegiación voluntaria de los profesionales sanitarios que trabajan en exclusiva para el sector público, cobra cada vez más peso como contenido de la futura Ley de Servicios Profesionales por considerar que los profesionales están sometidos a un control disciplinario suficiente y adecuado, ejercido directamente por la Administración. De esta forma, se está negando validez a los principales argumentos que defienden los colegios para justificar su obligatoriedad, como son el adecuado control del ejercicio profesional y por consiguiente, la garantía de una correcta asistencia sanitaria.
Los colegios se muestran muy preocupados con este tema defendiendo que puede que no sea una materia que afecte exclusivamente a cuestiones profesionales e institucionales, algunos defienden la obligación constitucional y ética de la colegiación.
Puede que lo que realmente les preocupe a los colegios profesionales es a cuánto ascenderá la merma de ingresos con esta nueva norma. Se pone en peligro la continuidad de una importante fuente de financiación, las cuotas colegiales, una suma importante de dinero que se les paga a cambio de casi nada.
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